Por: Luis Gárate

El reciente tiroteo que dejó cuatro muertos realizado por un vendedor ambulante en las afueras de un centro comercial en el distrito de Independencia, nos llama seriamente la atención sobre varios temas, como la salud mental y la precariedad del trabajo en tiempos del neoliberalismo.

Eduardo Romero Naupay era un joven de 32 años que se dedicaba a la venta informal de comida rápida a las afueras de una concurrida zona comercial de Lima Norte. Por sus antecedentes se sabe que había servido en la Marina de Guerra y había sigo guardia de seguridad particular. Es decir manejaba con destreza las armas de fuego.

El tiroteo ocurrido el viernes 17 de febrero pasado, nos revela una reacción desproporcionada y totalmente injustificable, propia de una seria psicopatía. El desencadenante habría sido la intervención de la Gerencia de fiscalización de la Municipalidad de Los Olivos, que cumplía con su labor de retirar a los comerciantes informales de algunas de las avenidas o vías peatonales principales.

El joven comerciante no solo reaccionó disparando al gerente de fiscalización, sino disparando a mansalva a otros civiles inocentes, que nada tenían que ver con el caso, con especial fijación en jóvenes mujeres. Las víctimas han sido también modestos trabajadores y estudiantes.

Este hecho, que para muchos analistas es un acto aislado y demencial de un “loco”, lleva en su esencia problemas más estructurales, como el preocupante estado de la salud mental en el Perú, combinado con la terrible situación de miles de compatriotas que se ven obligados a  vender productos de manera ambulatoria para garantizar su sobrevivencia.

Según los datos oficiales del Ministerio de Salud, una de cada cuatro personas en el Perú necesita atención por algún tipo de trastorno mental, pero solo tres de cada diez la reciben. El resto debe sobrevivir con depresión, ansiedad, cambios de personalidad o alucinaciones.

En nuestro país, los más pobres son los más afectados debido al escaso acceso a los servicios psiquiátricos. Según el Ministerio de Salud, el 30% de los limeños tiene problemas de salud mental y para atender esta situación solo hay un psiquiatra para cada 300 mil peruanos.

El modelo neoliberal que se ha implementado en nuestro país desde los 90, ha reducido la capacidad de la salud pública, la ha deteriorado al máximo permitiendo que se privatice como una mercancía y no se garantice como un derecho. Asimismo se ha descuidado seriamente la salud mental como parte de una política pública con necesarios elementos preventivos.

Si a este tema le incorporamos el elemento socioeconómico y cultural, en el que tenemos a miles de peruanos trabajando en condiciones de informalidad y sobrevivencia, con la inseguridad de no saber que pasará al día siguiente con tu fuente de trabajo, con paradigmas culturales de violencia y de anti valores, tendremos una explosiva combinación para nuevas manifestaciones de violencia social.

Una discusión de la política pública de salud mental y de salud pública en el Perú pasa necesariamente también por discutir otros elementos: cómo cambiamos este modelo económico y social que mantiene a los peruanos como trabajadores precarios y sobrevivientes, que no nos garantiza acceso a una salud pública decente y que además nos alienta a ser consumidores de una cultura chatarra.