SE PROLONGA LA AGONÍA

Por Manuel Guerra

El toma y daca entre el Ejecutivo y el Congreso, cuyo episodio más reciente acaba de terminar con el allanamiento de la mayoría parlamentaria a la cuestión de confianza planteada por el gobierno respecto a determinadas leyes sobre la Reforma Política, no resuelve la profunda crisis que vive el país; la atempera, desinfla hasta cierto punto la exigencia ciudadana de cerrar el Congreso, a la vez que trata de contener la demanda de una nueva Constitución y una nueva República que en los últimos tiempos viene ganando terreno en diversos sectores.

Sucedió lo mismo con la convocatoria al Referéndum para la la reforma del CNM, maniobra que distrajo temporalmente a la opinión pública y frenó al movimiento popular, pero que no resolvió la crisis, la que al cabo de unos meses se expresó con mayor fuerza, como seguramente lo hará nuevamente en los próximos meses.

El hecho es que, contrariamente a lo que quieren hacernos creer, la crisis no tiene sus causas en la gigantesca corrupción que nos escandaliza, ni siquiera en la conducta delincuencial del aprofujimorismo atrincherado en el Parlamento; en uno y otro caso, más que causas son consecuencias de la descomposición del Estado, el régimen político y la sociedad construidos por el neoliberalismo, y cualquier parche o medida superficial no erradicará el cáncer que corroe los cimientos de este andamiaje.

No nos engañemos: Las contradicciones entre el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria; entre la derecha más retrógrada expresada por el fujimorismo, la Confiep y los colectivos al estilo “con mis hijos no te metas”, y aquella otra más liberal, son solo diferencia de matices; todos ellos están hermanados por la defensa del modelo neoliberal y la espuria Constitución de 1993, hecha a su medida. A todos ellos les aterra el cambio de Constitución y la refundación de la República, pues ello significará encaminar el país sobre bases nuevas, afectando los intereses de esas minorías que han lucrado siempre a costa de entregar nuestros recursos naturales a la voracidad de las transnacionales, de la exclusión de las grandes mayorías, de la sobreexplotación de los trabajadores, del desempleo y pobreza de la gente.

Por lo pronto hay que exigir que a la reforma política propuesta por el Ejecutivo se le depure de sus contenidos antidemocráticos que apuntan a cerrar el sistema político en un bipartidismo favorable a la derecha. Tal es el caso, por ejemplo de pretender que la elección al parlamento se realice en segunda vuelta, con lo cual se beneficiaran únicamente los dos partidos que pasen a esa fase; también la enorme valla de votación exigida en las elecciones primarias (alrededor de 280,000 electores) para que una organización pueda ser convalidada a participar en el proceso electoral, con lo cual no solo no se fortalece a los partidos al quitarle sus prerrogativas de ordenar sus listas de candidatos, sino coloca en desventaja a las organizaciones que no tienen recursos económicos para sustentar una campaña de gran magnitud para conseguir que ese número de votantes participe en sus elecciones primarias.

La izquierda y el progresismo debemos afrontar con madurez y unitariamente el proceso electoral del 2021 pues representa un episodio clave, no solo por el simbolismo que representa el bicentenario republicano, sino porque puede convertirse en el punto de quiebre o ruptura histórica para fundar una nueva República sobre la base de una nueva Constitución. Las condiciones van madurando en ese sentido y la derecha, consciente de ello, se mostrará mucho más intolerante y virulenta contra todos los que apostamos por el cambio democrático, patriótico, de regeneración moral.