Por: Francisco Guerra

Los fenómenos naturales extremos que en las últimas semanas han asolado importantes regiones y pueblos en nuestro país, han sacado a luz la fragilidad institucional no solo de los diferentes niveles del Estado, sino de la propia sociedad; también la miseria en que viven miles de nuestros compatriotas y que demuestra las desigualdades que existen entre los pobladores de un mismo país y la exclusión de un vasto sector de nuestra sociedad de las “bondades” del modelo.

Indigna el descaro de autoridades tratando de tapar el latrocinio que han cometido durante años, pero también nos llena de preocupación la escasa capacidad de organización de los sectores populares, que algún tiempo eran predios de influencia y presencia de la izquierda.

Esta andanada de huaycos ha puesto al desnudo lo poco que hemos avanzado en construir una visión de un país inclusivo, democrático, decente, pero sobre todo un país donde no hayan estos niveles de desigualdad. Sin embargo, la dureza de estos fenómenos naturales nos confronta ya no solo como país (miremos la reciente desgracia en la comunidad de Mocoa en Colombia con más de 200 muertos), sino como orbe, ya que la fiereza de los desastres son parte de los cambios climáticos que se dan en todo el planeta y que se anunciaban hace tiempo por los expertos y que amenazan volverse permanentes.

En los albores de la década de los 90 y con un contexto mundial bastante complejo (marcado principalmente por la caída de la URSS), el imperialismo necesitaba relanzar su proyecto; entonces, por un consenso de los más ricos y poderosos del mundo, el modelo neoliberal prendió máquinas y cual tanque Pánzer, comenzó a arrasar con todo lo que significara derechos laborales, servicios públicos, cuidado del medio ambiente, presencia del Estado, (de aquel Estado de Bienestar que el mismo capitalismo había erigido para “contener” el avance del comunismo) y la propia democracia liberal; en el caso de nuestro país, el NL debilitó gravemente nuestra precaria democracia.

Los renovados inquisidores que sostenían el discurso ideológico hegemónico del neoliberalismo enarbolaron a nivel de panacea el Estado mínimo, satanizaban todo lo que fuera planificación desde el Estado y se encargaban de remitir las opiniones disidentes a las hogueras de los medios masivos complacientes, en aras del sacrosanto mercado, el gran distribuidor de la riqueza en la sociedad. Después de más de tres décadas de implementación aplicada del modelo, este ha demostrado ser insostenible, le ha llegado de manera anticipada el Fin de la Historia.

En el Editorial del diario El Comercio del domingo 19 de marzo (El modelo y los meteoritos), asumiendo la defensa de este modelo, se hace una ácida crítica a la opinión de Verónica Mendoza respecto de la necesidad de diseñar y construir un modelo de desarrollo alternativo que dé solución a las reincidencias de este abandono consuetudinario de las poblaciones más vulnerables.

El punto central de esta “sospecha” es el referido a la  planificación desde el Estado. Mientras que la planificación se agote en la construcción anticipada de drenajes, y muros es bien aceptada, pero cuando se escucha una propuesta que plantee, aunque sea tímidamente, la incursión de Estado en la economía, saltan hasta el techo y señalan que esto conlleva a la “miseria de las sociedades”. ¿Acaso El Comercio no quiere ver cómo los huaycos han mostrado la miseria en que viven miles de nuestros compatriotas y que, supuestamente, son tributarios de las bondades del modelo vigente?.

En el colmo del maniqueísmo afirma que este modelo ha sido respaldado en las ánforas (¡!). Sin embargo, estudios de politólogos serios, no solo de la izquierda sino de orientación liberal, han señalado que una de las características de nuestro sistema político es la debilidad de los partidos, de la institucionalidad política y que, en ese escenario reina el clientelismo como la principal relación con los más pobres. Entonces, el mencionado respaldo electoral al modelo tiene pies de barro. Por tanto, ¿quién es el que contrabandea ideológicamente?

En un país donde hay una carencia histórica del Estado es de sentido común que se reclame una mayor presencia de este, más protagónica, para que equilibre en algo este descomunal nivel de desigualdades y exclusión.

En este momento donde saltan a la vista las serias limitaciones para resolver los actuales y futuros problemas, es obligatorio, impostergable, plantear de cara al país un nuevo modelo de desarrollo, rescatando y potenciando sus singularidades dentro de un mundo globalizado y complejo, pero sobre todo que este modelo exprese un proyecto ético y moral, donde se reincorpore el concepto de Justicia Social, entendida esta en sus líneas más generales como una distribución más equitativa de la riqueza, servicios públicos de calidad para todos, y la garantía  del ejercicio pleno de los derechos de las personas.

Pienso que esta propuesta solo puede ser formulada y construida por los sectores democráticos y patrióticos del país, por una izquierda renovada que no tenga temor, y sí la audacia de pensar y dar respuesta a los grandes dilemas actuales que lo confrontan. Toca a nuestra izquierda actualizar este debate de manera consistente ante el país, con los mejores argumentos teóricos, políticos y técnicos.