Por: Ernesto Toledo Brückmann

Para nadie es algo novedoso, y menos para los comunistas, que el Perú cuenta con una débil institucionalidad estatal y un sistema político caracterizado por la precariedad orgánica de la mayoría de los partidos y fuerzas actuantes en la escena política; todo ello, en medio de una corrupción institucionalizada.

Esto genera a lo largo de su territorio un conjunto de protestas sociales casi siempre dispersas y fragmentadas, muchas de ellas de corta duración y objetivos puntuales; otras más sostenidas y de mayor aliento.

En las dos últimas décadas los conflictos sociales tuvieron una característica; si inicialmente obedecieron a problemas derivados de la gestión de los gobiernos locales, posteriormente y al promediar la década pasada, la mayoría de éstos se desencadenaron en torno a la presencia de industrias extractivas, especialmente de la mediana y gran minería. Esto se relaciona a la llegada de grandes inversiones (nacionales y extranjeras) atraídas por las nuevas reglas de juego establecidas en el país a partir de los años noventa y más tarde por el boom de los precios de los minerales.

Nuevos conflictos

El pasado mes de febrero el territorio nacional fue testigo de cinco conflictos nuevos, que sumados a los ya existentes, nos hace entender la enorme importancia que nuestros compatriotas en el interior le dan a la tierra y su deterioro.  

Áncash
Centro poblado Pocoa, distrito de Huasta, provincia de Bolognesi. La comunidad campesina Llámac reclama el incumplimiento de compromisos y convenios de la empresa minera Santa Luisa. Exigen que éstos sean cumplidos antes del reinicio de actividades de dicha empresa.

Junín
Distrito de San Martín de Pangoa, provincia Satipo. La comunidad nativa Meantari, perteneciente al pueblo indígena Ashaninka, denunció que el 3 de febrero un grupo de personas (aproximadamente sesenta) ingresaron a su comunidad de manera violenta, portando armas y amenazándolos de muerte, obligándolos a retirarse de su territorio. Miembros de este grupo se encontrarían vinculados a actividades de extracción de madera ilegal.

Distrito San Ramón, provincia Chanchamayo.  Pobladores del centro poblado Naranjal señalan que la empresa La Virgen S.A.C., incumplió compromiso de apoyo social, adquirió predios de manera irregular, incumplió con el estudio de impacto ambiental y le realizó modificaciones. Expresan que sienten temor ante los posibles impactos que pudieran suscitarse con la instalación de la Central Hidroeléctrica La Virgen.

Puno
Distrito de Juliaca, provincia de San Román. La ciudad de Juliaca afronta problemas ambientales debido a la inadecuada gestión de los residuos sólidos.

Como se observa, todos los conflictos nuevos se deben a problemas socioambientales, y es que, de los 212 conflictos sociales, entre activos (expresado por alguna de las partes o por terceros a través de demandas públicas, formales o informales.), latentes (no expresado públicamente. Permanece oculto, silencioso o inactivo, en el que se puede observar la concurrencia de factores que tienen un curso de colisión pero que no se manifiestan o habiéndose manifestado han dejado de hacerlo durante un tiempo considerable.) y resueltos (cuya solución aceptada por las partes, mediante acuerdos, normas, resoluciones, dan por concluida la disputa.), el 67.9% son de tipo socioambiental,  el 9.4% son asuntos de gobierno local, 6.1% son asuntos de gobierno nacional, el mismo porcentaje son problemas de demarcación territorial, 4.7% son problemas comunales, 1.9% asuntos de gobierno regional y 1.4% conflictos laborales. El mes que pasó no registró conflictos motivados por el cultivo ilegal de coca.

Como era de esperarse, de los conflictos socio-ambientales existentes, el 66.1% tiene su origen en la actividad minera, el 12.7% hidrocarburos, 8.5% energía, 5.1% residuos y saneamientos, 2.5% agroindustriales, 1.7% forestales y 3.4% otros.

Descentralizando la protesta

Febrero acabó con una extendida protesta justificada, en defensa de una tierra cada vez más ajena.

El 01/02/2017 se efectuó una huelga en las comunidades de la zona Pampa Galeras, en la provincia de Lucanas, Ayacucho, para exigir que se detenga la contaminación en la zona producido por el tránsito de vehículos pesados que transportan mineral desde la unidad minera Catalina Huanca hacia la costa.

El 07/02/2017 los vecinos de Túcume, en Chiclayo, bloquearon las pistas para exigir ayuda de las autoridades y la pronta rehabilitación de la vía, así como el desatoro de los desagües.

El 07/02/2017 se realizó un bloqueo de vías por parte de cComunidades nativas awajún. Bagua, Loreto, solicitando la intervención de la Presidencia del Consejo de Ministros por derrame de petróleo.

El 08/02/2017 los pobladores de comunidades campesinas de la provincia de Ambo, en Huánuco, marcharon exigiendo la inmediata intervención de la Fiscalía, Defensa Civil, Dirección de Energía y Minas, ALA y OEFA, para solucionar el conflicto social con la empresa Santa Lorenza.

El 09/02/2017 hubo una movilización de vecinos de la asociación Villa del Norte y la urbanización San Antonio, el distrito de Castilla, Piura, exigiendo al gobierno regional la limpieza del dren que, según denuncian, recibe aguas pluviales, y también aguas servidas.

El 09/02/2017 los comuneros de Challhuahuacho, en Apurímac, pararon sus labores exigiendo que el Gobierno y la minera MMG Las Bambas cumplan una serie de compromisos.

El 10/02/2017 Los pobladores de Sechura, en Piura, marcharon para sensibilizar a la gente de los perjuicios del dengue.

El 10/02/2017 hubo un plantón por pate de pobladores de Chilca, en Huancayo, exigiendo que se les proporcione el servicio de agua potable y desagüe.

El 14/02/2017 los vecinos de la prolongación Calvo de Araujo, en Iquitos, Loreto, bloquearon las vías de ingreso a la ciudad exigiendo una buena ejecución de obra de agua potable, ya que no todos estarían siendo beneficiados.

El 15/02/2017 hubo una movilización de los pobladores de Señor de Los Milagros, Tepro, Virgen de Chapi, Virgen Asunta y Pueblo joven Señor de Luren, en la ciudad de Ica, exigiendo el restablecimiento del servicio de agua potable.

El 16/02/2017 pobladores del sector Canchajalla, en La Tinguiña, Ica, se movilizaron para pedir la construcción de defensas ribereñas para evitar los desbordes del canal.

El 20/02/2017 se inició un paro de 72 horas por parte de pobladores de Coporaque, en la provincia de Espinar, Cusco, en reclamo por los compromisos que debe asumir la empresa minera Hudbay.

El 25/02/2017 se realizó una movilización por parte de pobladores de Huallanca, en la provincia de Bolognesi, Áncash, exigiendo a las mineras Antamina y Santa Luisa el cumplimiento de sus compromisos suscritos en el marco de su responsabilidad social.

El 27/02/2017 los vecinos del distrito de Castilla, en Piura, realizaron el bloqueo de vías, exigiendo al alcalde Luis Ramírez la pronta evacuación de las aguas empozadas desde hace una semana.

No cabe duda que el mismo Estado ha sido el principal generador de conflictos, muchos de ellos absolutamente evitables pero que, la inexperiencia, los estilos de actuación, los intereses de defensa del capital privado e incluso la simple desidia de algunas autoridades y funcionarios, han terminado provocando el escalamiento y la crisis de muchas situaciones.

El año pasado, según el INEI, la economía peruana creció 3.9%, impulsada una vez más, por el sector de la minería metálica que creció en 21.8%. La minería dio cuenta de casi la mitad del crecimiento del año pasado.

Este gran aumento de la actividad minera en el país, ha sido acompañado por el incremento de conflictos y violencia alrededor de operaciones mineras a gran escala, principalmente ubicados en la zona rural andina caracterizada por sus altos niveles de pobreza. Temiendo que los proyectos mineros contaminen sus tierras y fuentes locales de agua, las comunidades han tratado de bloquearlos y han expresado frustración por la ausencia de mejoras en su calidad de vida, pese a las tremendas ganancias generadas por las compañías mineras que operan en su vecindad.

La madre del cordero

Respecto a los orígenes de los conflictos en el sector minero peruano se debe señalar que las comunidades locales perciben escasos beneficios provenientes de la actividad minera.

Los conflictos recientes alrededor de la minería reflejan reclamos históricos por parte de comunidades rurales que siempre se han sentido excluidas de los beneficios derivados de las riquezas naturales del país. El Perú, al igual que el resto de América Latina, es una sociedad tremendamente desigual en la cual existen vastas diferencias en cuanto a riqueza y condiciones de vida, entre las elites urbanas de la costa (centradas principalmente en la capital, Lima) y las poblaciones mayoritarias indígenas y campesinas que tienden a vivir cerca de donde operan las minas. El auge minero que experimenta el país exacerba estas desigualdades, pese a que la ley peruana establece que la mitad de los ingresos por actividades mineras deben retornar a las zonas de extracción. En la práctica, las comunidades locales ven muy poco de este beneficio.

Esto puede explicarse debido a que la extracción de recursos a gran escala genera relativamente pocos empleos. Por ello, la mayoría de los beneficios que genera deben llegar a las comunidades bajo la forma de redistribución de ganancias a través de programas del gobierno. En el Perú, este proceso de redistribución ha demostrado ser tremendamente problemático.

En el pasado, el gobierno central fallaba en la transferencia de los ingresos hacia las zonas de producción minera debido a inercia burocrática o a la desconfianza que tenía frente a las autoridades locales. En años recientes, el gobierno central ha transferido más fondos pero los gobiernos locales (al igual que instancias de gobierno a todo nivel en el país) poseen poca capacidad para invertir los fondos de manera productiva. A su vez, las comunidades locales se sienten frustradas por la falta de mejoras en sus condiciones de vida, pese a la presencia de –en ocasiones— significativas ganancias producto de la minería.

Un informe recientemente emitido, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los EE.UU. señalaba que:

“Los gobiernos locales en el Perú no poseen la capacidad técnica para emplear (los ingresos por recursos) de manera efectiva (…) Ello está creando un grado de conflicto social y una creciente sensación de frustración entre la población peruana más pobre, la cual no percibe los beneficios concretos de este inesperado auge económico en términos de servicios, salud, educación o infraestructura para mejorar su vida diaria.” (*)

Ello demuestra que el constante riesgo político vinculado a una persistente y difundida pobreza en zonas rurales y de la sierra, es una de las razones por las cuales la agencia de calificación de inversiones Moody decidió negar al país una clasificación de grado de inversión de crédito.

El gobierno peruano podría tener mayor capacidad y voluntad política para regular la industria minera, manejar constructivamente los conflictos locales, y administrar reclamos. Objetivamente, las comunidades no confían que el gobierno aborde sus inquietudes y les proteja de la contaminación y otros riesgos causados por la industria minera. Irremediablemente, las tensiones desencadenan la violencia, en la medida en que las comunidades consideran no tener otras opciones para hacer oír sus voces.

Autocríticamente, los partidos políticos, y específicamente los de izquierda, no están cumpliendo con canalizar las demandas, conflictos y frustraciones que se producen por el rápido crecimiento económico. El fujimorismo es actualmente la corriente con mayor base social, robada a una izquierda incapaz de hacerle frente a los actuales tiempos.

Si revirtiéramos la frase: “no hay bien que dure 100 años pero sí cuerpo que lo aguante” el tiempo nos dará la razón. A medida que la economía local decrezca junto con la economía a nivel mundial, los bloqueos de carreteras y los ataques con piedras se volverán un elemento aún más común de la vida peruana. “El país volverá a la normalidad” como dijo un escritor resignado. La infraestructura regulatoria en el Perú sigue siendo débil y carente de recursos, sin llegar a cubrir la capacidad necesaria para regular de manera efectiva una industria de tal envergadura.

Algunas compañías han hecho esfuerzos por mejorar sus prácticas y construir mejores relaciones con las comunidades locales; sin embargo, repetirían errores del pasado al tratar de expandir sus operaciones hacia territorios donde algunas Municipalidades distritales han establecido ordenanzas de conservación, que evitan el uso de tierra para operaciones mineras.

En algunos casos, la empresa minera acude a los tribunales para revocar dichas ordenanzas municipales o simplemente amenaza a propietarios de terrenos colindantes a la mina, a fin de que desalojen “pacíficamente”, todo ello, en complicidad con autoridades locales.

¿Qué hacer?

Difícilmente ser comunista podría acercarse al sinónimo de “antiminero” en un país cuyo suelo permitiría sacar de la miseria a tantos compatriotas sin afectar considerablemente el medio ambiente. Aunque la apuesta por los recursos renovables, está por encima de los no renovables, éstos últimos son una realidad palpable y aprovechable.

Inicialmente, la responsabilidad recae en el Estado peruano, quien deberá fortalecer su capacidad para regular la industria y asegurar el respeto a los derechos de las comunidades y la protección del medio ambiente.

Los gobiernos de turno deben permitir una auditoría independiente de las entidades regulatorias involucradas en el sector minero para evaluar los recursos y el personal que requieren para ser efectivos. Asimismo, debe fortalecer a la Defensoría del Pueblo para asegurar que ésta oriente de manera oportuna y transparente los reclamos relacionados a la minería. La Defensoría debe monitorear la implementación de los acuerdos entre el estado, las compañías y las comunidades, y publicar información sobre el incumplimiento de tales acuerdos.

Se deberá permitir la regulación minera por parte del Ministerio del Ambiente. Objetivamente, la decisión de colocar la actividad minera fuera de la competencia de la cartera de Ambiente resultó siendo una medida política que permitió al Ministerio de Energía y Minas ser “juez y parte” de esa industria, negando la aplicación de regulaciones sociales y ambientales más drásticas.

Persistir en la derogación inmediata de los decretos que criminalizan las protestas sociales contra proyectos mineros ya que resulta elemental que en toda sociedad democrática, los ciudadanos tengan el derecho de expresar pacíficamente sus opiniones sobre las decisiones vinculadas al desarrollo.

Asimismo, las comunidades locales tienen el derecho a otorgar o negar su consentimiento a proyectos mineros. Éste derecho de los pueblos indígenas se encuentra establecido en la legislación internacional.

Finalmente, se hace necesario en ordenamiento territorial y zonificación económica y ecológica ya que no todas las áreas del país resultan adecuadas para la minería, aunque contengan depósitos minerales económicamente viables. Es responsabilidad del gobierno el designar áreas donde la minería pueda ser aceptable, y zonas donde claramente no lo sea por razones sociales, económicas, ambientales o de otro tipo. La zonificación del país ayudará a las compañías a evitar áreas donde es probable que aparezcan conflictos y/o donde otra actividad como la agricultura sea más rentable económicamente.

(*) Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los EE.UU., “The Petroleum and Poverty Paradox: Assessing U.S. and International Community Efforts to Fight the Resource Curse” (“La Paradoja del Petróleo y la Pobreza: Evaluando Esfuerzos de los EE.UU. y la Comunidad Internacional para Combatir la Maldición de los Recursos”), 9 de setiembre, 2008, p. 66.